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Ley para la Protección de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes |
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Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
29/05/2000
LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
TEXTO VIGENTE
(Nueva Ley 29/05/2000)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1
La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República
Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución.
La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las
normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.
Artículo 2
Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen
entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.
Artículo 3
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e
integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de
igualdad.
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:
A. El del interés superior de la infancia.
B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra
índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera
otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.
D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
E. El de tener una vida libre de violencia.
F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.
G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.
Artículo 4
De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes,
se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un
crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna
circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 5
La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, procurarán implementar los mecanismos necesarios
para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención Sobre
los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.
Artículo 6
A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en los tratados internacionales en los términos del
artículo 133 de la Constitución, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de
éstos, a los principios generales del derecho.
Artículo 7
Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus
atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de
medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás
ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio
de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la
sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.
El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que
contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y
adolescentes.
Artículo 8
A fin de procurar para niñas, niños y adolescentes, el ejercicio igualitario de todos sus derechos, se atenderá, al aplicarse
esta ley, a las diferencias que afectan a quienes viven privados de sus derechos.
La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias,
promoverán lo necesario para adoptar las medidas de protección especial que requieran quienes vivan carentes o
privados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez logrado, insertarlos en los servicios y los programas
regulares dispuestos para quienes no vivan con tales deficiencias.
Las instituciones gubernamentales encargadas de cumplir la obligación establecida en el párrafo anterior, deberán poner
en marcha programas cuya permanencia quede asegurada hasta que se logre la incorporación a la que se hace referencia.
Artículo 9
Niñas, niños y adolescentes tienen los deberes que exige el respeto de todas las personas, el cuidado de los bienes
propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo.
Ningún abuso, ni violación de sus derechos podrá considerarse válido ni justificarse por la exigencia del cumplimiento
de sus deberes.
CAPITULO II
Obligaciones de ascendientes, tutores y custodios
Artículo 10
Para los efectos de garantizar y promover los derechos contenidos en la presente ley, las autoridades federales, del
Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, promoverán las acciones conducentes a
proporcionar la asistencia apropiada a madres, padres, tutores o personas responsables para el desempeño de sus
facultades.
Artículo 11
Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:
A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico
desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo
dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de
comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.
B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica
que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al
ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.
Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se
preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y
responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes
respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.
Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones,
impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables
que trabajen.
Artículo 12
Corresponden a la madre y al padre los deberes enunciados en el artículo anterior y consecuentemente, dentro de la
familia y en relación con las hijas e hijos, tendrán autoridad y consideraciones iguales.
El hecho de que los padres no vivan en el mismo hogar, no impide que cumplan con las obligaciones que le impone esta
ley.
Artículo 13
A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal
y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:
A. Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un
niño, o de un o una adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus
derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las
otras personas.
B. Para que el Estado, en los ámbitos federal, estatal y municipal pueda intervenir, con todos los medios legales
necesarios, para evitar que se generen violaciones, particulares o generales del derecho de protección de niñas, niños y
adolescentes. Especialmente se proveerá lo necesario para evitar que salgan del país sin que medie la autorización de
sus padres, tutores o de un juez competente.
C. La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos, o cualesquiera
persona, que tengan conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los
derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades
competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente.
En las escuelas o instituciones similares, los educadores o maestros serán responsables de evitar cualquier forma de
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes.
TITULO SEGUNDO
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CAPITULO I
Del Derecho de Prioridad
Artículo 14
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos,
especialmente a que:
A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.
B. Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones.
C. Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.
D. Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos.
CAPITULO II
Del Derecho a la vida
Artículo 15
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida. Se garantizará en la máxima medida posible su supervivencia y su
desarrollo.
CAPITULO III
Del Derecho a la no Discriminación
Artículo 16
Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón
de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica;
discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.
Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el goce de su derecho a la igualdad en todas
sus formas.
Artículo 17
Las medidas que se tomen y las normas que se dicten para proteger a niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en
circunstancias especialmente difíciles por estar carentes o privados de sus derechos y para procurarles el ejercicio
igualitario de éstos, no deberán implicar discriminación para los demás infantes y adolescentes, ni restringirles dicho
goce igualitario. Las medidas especiales tomadas en favor de aquéllos pero en respeto de éstos, no deberán entenderse
como discriminatorias.
Artículo 18
Es deber de las autoridades, ascendientes, tutores y de miembros de la sociedad, promover e impulsar un desarrollo
igualitario entre niñas, niños y adolescentes, debiendo combatir o erradicar desde la más tierna edad las costumbres y
prejuicios alentadores de una pretendida superioridad de un sexo sobre otro.
CAPITULO IV
De los Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo
Psicofísico
Artículo 19
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto
físico como mental, material, espiritual, moral y social.
Artículo 20
Las madres tienen derecho, mientras están embarazadas o lactando, a recibir la atención médica y nutricional necesaria,
de conformidad con el derecho a la salud integral de la mujer.
CAPITULO V
Del Derecho a ser Protegido en su integridad, en su libertad, y contra el
maltrato y el abuso sexual
Artículo 21
Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud
física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o.
constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les
protegerá cuando se vean afectados por:
A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.
B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.
C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para
que participen en conflictos armados.
CAPITULO VI
Del Derecho a la Identidad
Artículo 22
El derecho a la identidad está compuesto por:
A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.
B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohiban.
D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto
pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.
A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada
Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de
las circunstancias de su nacimiento.
CAPITULO VII
Del Derecho a vivir en Familia
Artículo 23
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo
suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de la patria
potestad.
El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres y de sus madres mediante sentencia u orden preventiva
judicial que declare legalmente la separación y de conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, así como
de procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas incluidas niñas, niños
y adolescentes. Las leyes establecerán lo necesario, a fin de asegurar que no se juzguen como exposición ni estado de
abandono, los casos de padres y madres que, por extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse el sustento
lejos de su lugar de residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, siempre que los mantengan al
cuidado de otras personas, los traten sin violencia y provean a su subsistencia.
Se establecerán programas de apoyo a las familias para que esa falta de recursos no sea causa de separación.
Artículo 24
Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o
un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. Asimismo, se tendrá como
prioritaria la necesidad de que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados tengan derecho a convivir o
mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine
que ello es contrario al interés superior del niño.
Artículo 25
Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección
del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les
brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar. Las normas establecerán las
disposiciones necesarias para que se logre que quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a que se refiere este
capítulo, mediante:
A. La adopción, preferentemente la adopción plena.
B. La participación de familias sustitutas y
C. A falta de las anteriores, se recurrirá a las Instituciones de asistencia pública o privada o se crearán centros
asistenciales para este fin.
Artículo 26
Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, velarán porque
en las adopciones se respeten las normas que las rijan, las cuales serán diseñadas a fin de que niñas, niños, y
adolescentes sean adoptados en pleno respeto de sus derechos y contendrán disposiciones tendientes a que:
A. Se escuche y tome en cuenta en los términos de la ley aplicable su opinión.
B. Se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan en la adopción, como a quienes la acepten, a fin de que
conozcan las consecuencias del hecho.
C. La adopción no dé lugar a beneficios económicos indebidos para quienes participen en ella.
Artículo 27
Tratándose de adopción internacional, las normas internas deben disponer lo necesario para asegurar que niñas, niños y
adolescentes sean adoptados por nacionales de países en donde existan reglas jurídicas de adopción y de tutela de sus
derechos cuando menos equivalentes a las mexicanas.
CAPITULO VIII
Del Derecho a la Salud
Artículo 28
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y
municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:
A. Reducir la mortalidad infantil.
B. Asegurarles asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y la rehabilitación de su salud.
C. Promover la lactancia materna.
D. Combatir la desnutrición mediante la promoción de una alimentación adecuada.
E. Fomentar los programas de vacunación.
F. Ofrecer atención pre y post natal a las madres, de conformidad con lo establecido en esta ley.
G. Atender de manera especial las enfermedades endémicas, epidémicas, de transmisión sexual y del VIH/SIDA,
impulsando programas de prevención e información sobre ellas.
H. Establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos.
I. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad, reciban la atención apropiada a su
condición, que los rehabilite, les mejore su calidad de vida, les reincorpore a la sociedad y los equipare a las demás
personas en el ejercicio de sus derechos.
J. Establecer las medidas tendientes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos
de infantes y adolescentes víctimas o sujetos de violencia familiar.
CAPITULO IX
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad
Artículo 29
Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a quien padezca una alteración funcional física,
intelectual o sensorial, que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social, y que implique desventajas
para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Artículo 30
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad física, intelectual o sensorial no podrán ser discriminados por ningún
motivo. Independientemente de los demás derechos que reconoce y otorga esta ley, tienen derecho a desarrollar
plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse a la sociedad, participando, en la medida
de sus posibilidades, en los ámbitos escolar, laboral, cultural, recreativo y económico.
Artículo 31
La Federación, el Distrito Federal, estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
normas tendientes a:
A. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad.
B. Ofrecer apoyos educativos y formativos para padres y familiares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a
fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna.
C. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las
discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las
posibilidades económicas de sus familiares.
D. Fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a niñas, niños y adolescentes
con discapacidad, integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares. Dispondrán de cuidados
elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento,
actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, para lo cual se promoverá, de no contarse con
estos servicios, a su creación.
E. Adaptar el medio que rodea a niñas, niños y adolescentes con discapacidad a sus necesidades particulares.
CAPITULO X
Del Derecho a la Educación
Artículo 32
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un
espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las
medidas necesarias para que:
A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su
pleno desarrollo.
B. Se evite la discriminación de las niñas y las adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se establecerán los
mecanismos que se requieran para contrarrestar las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole, que
propicien dicha discriminación.
C. Las niñas, niños y adolescentes que posean cualidades intelectuales por encima de la media, tengan derecho a una
educación acorde a sus capacidades, así como a contar con las condiciones adecuadas que les permita integrarse a la
sociedad.
D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin
violencia.
E. Se prevean mecanismos de participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de formación
ciudadana.
F. Se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente
establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física o mental.
G. Se favorezcan en las instituciones educativas, mecanismos para la solución de conflictos, que contengan claramente
las conductas que impliquen faltas a la disciplina y los procedimientos para su aplicación.
CAPITULO XI
De los Derechos al Descanso y al Juego
Artículo 33
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán respetados como factores
primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y actividades culturales y
artísticas de su comunidad.
Artículo 34
Por ninguna razón ni circunstancia, se les podrá imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que
impliquen la renuncia o el menoscabo de estos derechos.
Artículo 35
Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta Ley, se reitera la prohibición constitucional de
contratar laboralmente a menores de 14 años bajo cualquier circunstancia.
A los que infrinjan tal prohibición y que además pongan en peligro su integridad y desarrollo, se les impondrán las
sanciones que establece el Código Penal.
Igualmente las autoridades Federales, del Distrito Federal, estatales y municipales proveerán lo necesario para que
niñas, niños o adolescentes no queden en situación de abandono o falta de protección por el cumplimiento de estas
disposiciones.
CAPITULO XII
De la Libertad de Pensamiento y del Derecho a una Cultura Propia
Artículo 36
Niñas, niños y adolescentes gozarán de libertad de pensamiento y conciencia.
Artículo 37
Niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a un grupo indígena tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua,
cultura, usos, costumbres, religión, recursos y formas específicas de organización social.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como limitativo del ejercicio del derecho a la educación, según lo
dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución ni de ningún otro protegido por esta ley. De igual manera, las autoridades
educativas dispondrán lo necesario para que la enseñanza, al atender a lo establecido en el mismo precepto, no contraríe
lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 4o. de esta ley.
CAPITULO XIII
Del Derecho a Participar
Artículo 38
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión; la cual incluye sus opiniones y a ser informado.
Dichas libertades se ejercerán sin más límite que lo previsto por la Constitución.
Artículo 39
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar
propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más
limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros.
Artículo 40
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la información. En cumplimiento de este derecho se establecerán normas y
se diseñarán políticas, a fin de que estén orientados en el ejercicio del derecho a que se refiere el artículo anterior.
Asimismo, se pondrá especial énfasis en medidas que los protejan de peligros que puedan afectar su vida, su salud o su
desarrollo.
Artículo 41
El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de:
A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen.
B. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad.
Artículo 42
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho de reunirse y asociarse. Las leyes deben disponer lo necesario para que
puedan ejercerlo sin más límites que los que establece la Constitución.
TITULO TERCERO
CAPITULO I
Sobre los Medios de Comunicación Masiva
Artículo 43
Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los medios de comunicación masiva, las autoridades
federales, en el ámbito de sus competencias, procurarán verificar que éstos:
A. Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de
conformidad con los objetivos de educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución y la Convención sobre los
Derechos del Niño.
B. Eviten la emisión de información contraria a los objetivos señalados y que sea perjudicial para su bienestar o
contraria con los principios de paz, no discriminación y de respeto a todas las personas.
C. Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el ejercicio de sus derechos, les ayude a un sano
desarrollo y a protegerse a sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.
D. Eviten la difusión o publicación de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su
formación, que promuevan la violencia o hagan apología del delito y la ausencia de valores.
E. Además, las autoridades vigilarán que se clasifiquen los espectáculos públicos, las películas, los programas de radio y
televisión, los videos, los impresos y cualquier otra forma de comunicación o información que sea perjudicial para su
bienestar o que atente contra su dignidad.
TITULO CUARTO
CAPITULO UNICO
Del Derecho al debido proceso en caso de infracción a la Ley Penal.
Artículo 44
Las normas protegerán a niñas, niños y adolescentes de cualquier injerencia arbitraria o contraria a sus garantías
constitucionales o a los derechos reconocidos en esta ley y en los tratados, suscritos por nuestro país, en los términos del
artículo 133 Constitucional.
Artículo 45
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las normas establecerán las bases para asegurar a
niñas, niños y adolescentes, lo siguiente:
A. Que no sean sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
B. Que no sean privados de su libertad de manera ilegal o arbitraria. La detención o privación de la libertad del
adolescente se llevará a cabo de conformidad con la ley y respetando las garantías de audiencia, defensa y procesales que
reconoce la Constitución.
C. Que la privación de la libertad sea aplicada siempre y cuando se haya comprobado que se infringió gravemente la ley
penal y como último recurso, durante el periodo más breve posible, atendiendo al principio del interés superior de la
infancia.
D. Que de aquellos adolescentes que infrinjan la ley penal, su tratamiento o internamiento sea distinto al de los adultos y,
consecuentemente se encuentren internados en lugares diferentes de éstos. Para ello se crearán instituciones
especializadas para su tratamiento e internamiento.
E. Que de conformidad con el inciso que antecede, se promoverán códigos o leyes en los que se establecerán
procedimientos y crearán instituciones y autoridades especializadas para el tratamiento de quienes se alegue han
infringido las leyes penales. Entre esas acciones se establecerán Ministerios Públicos y Jueces Especializados.
F. Que en el tratamiento a que se refiere el inciso anterior, se considere la importancia de promover la reintegración o
adaptación social del adolescente y para que asuma una función constructiva en la sociedad.
G. Que entre las medidas de tratamiento que se apliquen a quienes infrinjan la ley penal, se encuentren las siguientes: El
cuidado, orientación, supervisión, asesoramiento, libertad vigilada, colocación de hogares de guarda, programas de
enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para
asegurar que sean tratados de manera apropiada para su reintegración y adaptación social, en función de su bienestar,
cuidando que la medida aplicada guarde proporción entre las circunstancias de su comisión y la sanción
correspondiente.
En las leyes penales se diferenciarán las medidas de tratamiento e internamiento para aquellos casos que se infrinja la ley
penal, cuando se trate de delitos graves o de delincuencia organizada por los mismos adolescentes, ante lo cual se
podrán prolongar o aumentar las medidas de tratamiento y en último caso, optar por la internación.
H. Que todo aquel adolescente que presuntamente ha infringido las leyes penales, tenga derecho a un pronto acceso a la
asistencia jurídica y a cualquier otra asistencia adecuada, a fin de salvaguardar sus derechos. Consecuentemente, se
promoverá el establecimiento de Defensores de Oficio Especializados.
I. Que en los casos que se presuma se han infringido las leyes penales, se respete el derecho a la presencia de sus
ascendientes, tutores, custodios o de quienes estén responsabilizados de su cuidado.
J. Que a quienes se prive legalmente de su libertad, sean tratados respetando sus derechos humanos y la dignidad
inherente a toda persona.
K. Que quienes sean privados de su libertad tengan derecho a mantener contacto permanente y constante con su familia,
con la cual podrá convivir, salvo en los casos que lo impida el interés superior de la infancia.
L. Que no procederá la privación de libertad en ningún caso cuando se trate de niñas o niños. Cuando se trate de
adolescentes que se encuentren en circunstancias extraordinarias, de abandono o de calle, no podrán ser privados de su
libertad por esa situación especialmente difícil.
Artículo 46
Los procedimientos a los que se someta a una o un adolescente que presuntamente haya infringido la ley penal, deberán
respetar todas las garantías procesales dispuestas en la Constitución, particularmente las siguientes:
A. Garantía de presunción de inocencia, de conformidad con la cual se presume inocente mientras no se demuestre lo
contrario.
B. Garantía de celeridad, consistente en el establecimiento de procedimientos orales y sumarios para aquellos que estén
privados de su libertad.
C. Garantía de defensa, que implica los deberes de: informar al adolescente, en todo momento, de los cargos que existan
en su contra y del desarrollo de las diligencias procesales; asegurarle la asistencia de un defensor de oficio, para el caso
de que el adolescente o su representante legal no lo designe; garantizarle que no se le obligue a declarar contra sí mismo,
ni contra sus familiares; garantía de que no será obligado al careo judicial; permitirle que esté presente en todas las
diligencias judiciales que se realicen y que sea oído, aporte pruebas e interponga recursos.
D. Garantía de no ser obligado al careo judicial o ministerial.
E. Garantía de contradicción, que obliga a dar a conocer oportunamente, al adolescente sometido a proceso todas las
diligencias y actuaciones del mismo, a fin de que puedan manifestar lo que a su derecho convenga e interponer recursos.
F. Garantía de oralidad en el procedimiento, que lleva a que se escuche directamente al adolescente implicado en el
proceso.
Artículo 47
El adolescente que infrinja las normas administrativas quedará sujeto a la competencia de las instituciones
especializadas o de las instituciones equivalentes en la Entidad Federativa en la que se encuentren, las cuales deberán,
asistirlo sin desvincularlo de sus familias y sin privarlo de su libertad.
TITULO QUINTO
CAPITULO I
De la Procuración de la Defensa y Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
Artículo 48
Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, las instituciones
que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus respectivas
competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias especializadas con funciones de autoridad para la
efectiva procuración del respeto de tales derechos.
Artículo 49
Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:
A. Vigilar la observancia de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos de niñas, niños y adolescentes,
las disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por nuestro país en los términos del artículo 133
Constitucional y las previstas en la legislación aplicable.
B. Representar legalmente los intereses de niñas, niños y adolescentes ante las autoridades judiciales o administrativas,
sin contravenir las disposiciones legales aplicables.
C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos y garantías de niñas, niños y
adolescentes.
D. Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito, coadyuvando en
la averiguación previa.
E. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones en
favor de la atención, defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
F. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores social y privado en lo relativo a la protección de sus derechos.
G. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa
y protección de sus derechos y hacerlos llegar a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su
incorporación en los programas respectivos.
H. Definir, instrumentar y ejecutar políticas y mecanismos que garanticen la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
I. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley.
J. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales aplicables.
Artículo 50
El Gobierno Federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal,
estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 51
Las instituciones podrán contar con órganos consultivos, de apoyo, evaluación y coordinación en el ejercicio de sus
funciones, en los que participarán las autoridades competentes y representantes del sector social y privado reconocidos
por sus actividades en favor de los derechos de la infancia y adolescencia.
CAPITULO II
De las Sanciones
Artículo 52
Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas por las instituciones especializadas de procuración que se
prevén en este ordenamiento, con multa por el equivalente de una hasta quinientas veces el salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal.
Artículo 53
En casos de reincidencia o particularmente graves, las multas podrán aplicarse hasta por el doble de lo previsto en el
artículo anterior e inclusive arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Se entiende por reincidencia que el
mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a
partir de la fecha de la primera infracción.
Artículo 54
Las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas de ella, se impondrán con base, indistintamente, en:
I) Las actas levantadas por la autoridad;
II) Las indagaciones efectuadas por el personal propio o adscrito de la institución especializada de procuración;
III) Los datos comprobados que aporten las niñas, niños y adolescentes o sus legítimos representantes; o
IV) Cualquier otro elemento o circunstancia que aporte elementos de convicción para aplicar la sanción
correspondiente.
Artículo 55
Para la determinación de la sanción, la institución especializada de procuración estará a lo dispuesto por esta ley y las
disposiciones derivadas de ella, considerando, en el siguiente orden:
I) La gravedad de la infracción;
II) El carácter intencional de la infracción;
III) La situación de reincidencia;
IV) La condición económica del infractor.
Capítulo Tercero
Del Recurso Administrativo.
Artículo 56
Las resoluciones dictadas por la institución especializada de procuración, con fundamento en las disposiciones de esta
ley y demás derivadas de ella, podrán recurrirse de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
TRANSITORIOS
Artículo Primero
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo
Las autoridades competentes podrán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país
lo establecido en esta ley, en un plazo que no exceda de un año, a partir de la publicación a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo Tercero
Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo previsto en esta ley.
México, D.F., a 28 de abril de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Dionisio Pérez Jácome,
Vicepresidente en funciones.- Dip. Guadalupe Sánchez Martínez, Secretario.- Sen. Porfirio Camarena Castro,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil.- Ernesto Zedillo
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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