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Senado: representen a la República

Opinión de Ricardo Bucio en Milenio Diario

Senado: representen a la República

En México las organizaciones de la sociedad civil, las OSC, son un sector relevante. Su contribución a la vida pública se cuenta en múltiples ámbitos. Gracias a su sociedad civil tenemos observancia electoral, paridad de género, adopción plena, atención a migrantes, estrategia de primera infancia, sistema anticorrupción, cuidado medio ambiental, accesibilidad para personas con discapacidad, IMSS a trabajadoras del hogar, Cruz Roja, conteo en el Censo de la población afromexicana, decisiones judiciales de gran calado, comisiones de búsqueda, lucha contra las violencias, matrimonio igualitario. La lista es interminable.

La reforma al artículo 151 de la Ley del ISR, que propone limitar el monto que las personas podemos deducir por donativos a OSC, puede restringir la acción de más de 9 mil 500 organizaciones civiles donatarias autorizadas; además de reducir la posibilidad de sumar a muchas más personas que aportan cada vez más recursos a miles de temas que son de interés público. Achica la participación ciudadana en el espacio público.

En EU pueden deducir hasta 60 por ciento de sus ingresos por distintos gastos y por donativos; en Francia y Alemania 20 por ciento. Lo hacen por el gran impacto que esto tiene. Y en México se propone eliminar, específicamente, el 7 por ciento que una persona puede deducir por donativos a las OSC, a la vez de incluir esa posibilidad en el tope de la deducción de impuestos que se hace para temas personales, como los gastos de salud, funerarios o intereses de hipotecas. En los hechos, se disminuye el monto del incentivo fiscal que tenemos para los gastos personales al eliminar el incentivo fiscal para lo público. Esto continúa la línea de hace dos sexenios, cuando este último se limitó de 100 a 7 por ciento. Ahora se propone 0 por ciento.

Las buenas decisiones públicas integran al menos cuatro factores: el mandato legal, la mayor utilidad pública, la demanda ciudadana y la perspectiva de cómo decidir lo que más beneficie lo público, sin afectar derechos.

Lo legal es claro: el Estado debe fomentar las actividades de las OSC porque su acción privada es reconocida como “de interés público”. De la utilidad pública dan cuenta los datos del SAT y del Inegi, por cada peso que el gobierno federal deja de recaudar por este incentivo, las OSC aportan 8.12 pesos a la sociedad, 812 por ciento. Aquí el dato: en seis años, el SAT dejó de recaudar 88 mil 792 millones por deducciones para donativos; en ese mismo periodo, la sociedad recibió de estas instituciones un beneficio de 720 mil 672 millones de pesos.

La demanda ciudadana: miles de OSC han pedido que no se limite la deducibilidad de las personas físicas, pues 5 mil 73 reciben estos donativos y más de mil 220 trabajan con estos ingresos hasta en 100 por ciento. Y sobre la decisión que más beneficie, existe la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera para lograr que siete personas de una misma familia utilicen este mecanismo para eludir al fisco, lo cual ha dicho el SAT que es lo que busca evitar, siete personas ya identificadas.

Pero la solución propuesta es limitar a 100 por ciento de la población laboralmente activa con trabajo formal del país, que son posibles y reales donantes. Solo la Fundación UNAM tiene más de 30 mil personas físicas que le aportan y ésta les da un recibo deducible de impuestos. La Cruz Roja, muchísimas más.

Toca debatir la mejor decisión, la necesaria. Dialogar sobre la afectación que pueden tener las OSC defensoras de derechos humanos, de todos los derechos; las decenas de miles de personas vulneradas que viven en centros de asistencia social; quienes trabajan por la salud, luchan contra la desnutrición, cuidan bosques, animales y agua; quienes protegen niñas del abuso sexual infantil o hacen trabajo en barrios o incentivan la ciencia. La afectación a casi 2.8 millones de hogares de 30 por ciento más pobre de la población que recibe bienes, servicios y transferencias económicas de las OSC, según la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares del Inegi.

Pedimos a las 128 personas que nos representan en el Senado dialogar a fondo el tema. Y proponemos esta premisa: si el ingreso es progresivo y lo es también la carga impositiva, así puede ser la deducibilidad, menos para quienes tienen más ingresos y más para quienes tienen menos ingresos; no decidir lo mismo para una sociedad desigual, pues ello profundiza la desigualdad.

Les pedimos escuchen, cuestionen, valoren la evidencia, el marco legal y busquen con su decisión lo que más beneficie los derechos y libertades en México. Participar del espacio cívico de manera organizada y corresponsable con el Estado, es un derecho parte del eje central de nuestro acuerdo Constitucional. Les pedimos una decisión que represente a la República.

Ricardo Bucio Mújica
Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)