Servicios Noticias Filantrópicas El Cemefi participa en el análisis del presupuesto 2021

El Cemefi participa en el análisis del presupuesto 2021

En una sesión de Parlamento Abierto

El 13 de octubre, el Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Jorge Villalobos Grzybowicz, participó en la sesión de Parlamento Abierto de Análisis al Paquete Económico para 2021, en la que se trataron las propuestas relacionadas con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación.

Ante los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside Patricia Terrazas Baca, Jorge Villalobos presentó la posición del Cemefi respecto a las modificaciones planteadas a la Ley del ISR, en concreto a la propuesta de adición del artículo 82-Quáter, buscando defender los intereses de las organizaciones de la sociedad civil que son donatarias autorizadas.

Dicha propuesta estipula que se puede revocar la autorización para expedir recibos deducibles a una organización civil cuando cualquier integrante de su Consejo Directivo forme parte del órgano de gobierno de otra institución cuya autorización haya sido revocada en los últimos cinco años.

El análisis realizado por el Cemefi considera que esa disposición viola los artículos 1 y 22 constitucionales, ya que se trata de una pena trascendental prohibida. De aprobarse la propuesta se violarían los derechos fundamentales de las personas morales, contraviniendo los principios de certeza y de seguridad jurídica.

Por lo anterior, el Cemefi propuso a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, la supresión de la fracción V, del Apartado “A” del propuesto artículo 82-Quáter. Además, se propone reformular la redacción del artículo 82-Quáter para acotar su aplicación y establecer que la revocación de la autorización de una donataria sólo procederá por causas graves.

La participación del Presidente Ejecutivo del Cemefi fue muy relevante porque su posición busca salvaguardar la operación y funcionamiento de las donatarias autorizadas, pugnando por un marco legal adecuado y por evitar la aprobación de disposiciones que puedan implicar algún riesgo para su viabilidad.