Necesario articular esfuerzos entre OSC y gobierno para mejorar las políticas públicas

Concluye el Espacio de Diálogo OSC 2022, organizado por Cemefi y Coneval

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) organizaron el ciclo de conferencias Espacio de Diálogo OSC 2022 con el tema “Acceso a derechos sociales, una carencia exacerbada por la pandemia de la Covid-19”, los días 24 y 25 de agosto en Casa Cemefi, en la Ciudad de México.

En la mesa “Acceso a servicios de salud en población joven y población indígena”, Ileana Villalobos Estrada, Coordinadora de Programas de Población y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional de Población (CONAPO); dijo que los jóvenes representan el 17% de la población según últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es decir, se trata de 22 millones; siendo Chiapas y Guerrero las entidades con mayor proporción de población adolescente, con 19.6% y 19% respectivamente. En contraste, Yucatán y Ciudad de México son los estados donde menos se concentra este grupo de población, con 16.3% y 13.1%.

La representante de CONAPO dijo que la tasa de fecundidad ha descendido en 49.7% en los últimos 50 años. El embarazo adolescente se ha convertido en una problemática que hay que atender y que, a la vez, se revela como un indicador de pobreza, sobre todo en la población de lengua indígena, en la que se reportan 99 nacimientos por cada mil adolescentes.

Comentó que en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) participan 34 instituciones de la administración pública federal, asociaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, además de una representación de órganos estatales para alcanzar la meta en 2024: reducir a cero la incidencia del embarazo en las adolescentes de 14 años.

Señaló que el reto es importante, sobre todo en Chiapas, Coahuila, Guerrero, Puebla y Veracruz; donde hay más embarazo de adolescentes. Ante ello, CONAPO ha desarrollado un sistema con indicadores para monitorear y darle seguimiento a la ENAPEA.

Suhayla Bazbaz Kuri, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, A.C., presentó el estudio “El uso de herramientas como encuestas y mapeo de programas para conocer el impacto de la pandemia en las juventudes indígenas de Yucatán” en el que se reafirmó lo dicho por CONAPO. Los resultados dejaron ver la limitada oferta de servicios de salud que tiene esta población. Durante el periodo más crítico de la pandemia, las personas tuvieron que recurrir a los consultorios de las farmacias en lugar de los centros de salud de su localidad; lo que representó un gasto para ellos.

Y en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva, las mujeres usan hasta en un 70% menos que los hombres, los métodos anticonceptivos; lo que podría explicar la incidencia de embarazo adolescente en esta entidad del país.

El estudio también revela que en las fuentes oficiales de Yucatán no había -hasta ese momento- programas específicos para atender y prevenir el embarazo en jóvenes. Lo anterior porque muchas veces desde el diseño de las reglas de operación de los programas sociales se dejan afuera a este tipo de población. Por lo que se confirmó el rol centralísimo de los centros educativos para revertir la situación.

En la mesa “Rezago educativo en población con discapacidad”, participó como moderadora Katia D’Artigues Beauregard, quien abrió la conversación indicando que la mitad de las personas con discapacidad que hay en México están en edad escolar, sin embargo, los centros educativos no cuentan con las adaptaciones necesarias para incluirlos;  y no solo a lo que se refiere a las instalaciones físicas, también al currículo y al material de trabajo; pues al abordar el tema de discapacidad se suele pensar únicamente en libros en Braille (que son muy escasos); y se deja de lado las necesidades de la población sorda, que tiene un importante rezago en lectura y escritura.

Andrés Moctezuma, de Ventana Arte Incluyente y Wilfrido Antonio Gómez Arias, del Observatorio sobre la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (OBINDI); señalaron que según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018, del total de los estudiantes matriculados en los centros de educación superior solo el 1.5 tenía algún tipo de discapacidad, siendo la discapacidad visual la que más reportaron, con el 58.23% de los estudiantes.

Sin embargo, a pesar de que la ENIGH es una gran herramienta, no mide la discapacidad múltiple, es decir, los registros con los que cuenta se refieren a casos, a incidencia, y no al número de personas; lo que significa que no hay un censo preciso de cuántas personas tienen solo una discapacidad y cuántas tienen más de un tipo de discapacidad al mismo tiempo.

En lo que se refiere a la distribución en universidades públicas y privadas, las personas con discapacidad visual y motriz se concentran más en las públicas; mientras que las personas con otras discapacidades como la auditiva, cognitiva, autocuidado, del habla o de aprendizaje; se concentran en las universidades privadas.

 Lo anterior se explica por los recursos económicos que tienen que invertir los colegios para incluir a esta población. Tan solo la inclusión de personas sordas supone la contratación de un cuerpo de intérpretes de lenguaje de señas a quienes también tendrían que capacitárseles en los contenidos de las materias que se imparten en las aulas. Una labor compleja y costosa que resulta en la exclusión de personas sordas a los estudios universitarios.

Por su parte, Judith Pérez Castro, Investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habló de la estrategia para reducir el rezago educativo de personas con discapacidad, generado por la pandemia. Dijo que de acuerdo a estimaciones de la SEP (cuya medición es por tipo de discapacidad); el 45% de la población con discapacidad tiene educación básica; aunque la medición es imprecisa en cuanto a que no se tiene la certeza de si concluyó los seis grados o solo estudió algunos.

Para generar un modelo de educación inclusivo en los planteles es urgente “desmantelar” el modelo educativo actual, centrado en la cátedra presencial y dirigido a un “estudiante ideal”; aquél que solo estudia y no requiere trabajar para vivir; que no tiene ningún tipo de discapacidad ni problema o situación que le impida concentrarse por completo en sus estudios, como la paternidad, por citar solo un ejemplo.