En los países democráticos, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han cumplido, desde hace mucho tiempo, un papel muy importante como un catalizador de la participación ciudadana y como un actor que ofrece contrapesos al poder.
En la mayoría de esos países se reconoce que existen tres sectores. El primero es el sector público, el gobierno; el segundo es el sector privado, las empresas y el resto de los actores económicos; y el tercero está formado por las OSC, que desarrollan su objeto social sin fines lucrativos, y que incluye asociaciones religiosas y de autobeneficio, instituciones educativas, museos, partidos y organizaciones políticas, e instituciones de ayuda a terceros.
Hoy quiero hablar justo de estas últimas como entidades de carácter privado que se ocupan de temas de interés público, que fungen como laboratorios sociales y promueven cambios positivos. Alrededor del mundo, miles de organizaciones de la sociedad civil participan en la vida pública, generando valor social. Hoy existen muchas causas que son atendidas principalmente por este sector y no por el gobierno.
En México, las OSC contribuyen con el 1.3% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a unos 280,000 millones de pesos, de los cuales, el 57% proviene de las actividades de las instituciones sin fines de lucro privadas y el 43% corresponde a la aportación del trabajo voluntario. Se estima que las organizaciones movilizan a más de 1,674,000 voluntarios, y que el valor económico de su trabajo, tomando datos de 2008 a 2020, equivaldría a 1.26 billones de pesos.
Más allá de estos números, las organizaciones de la sociedad civil promueven la participación de los sectores más pobres de la población en las políticas públicas, contribuyen al ajuste de la política social mediante procesos de monitoreo y contraloría social, defienden los derechos humanos y el Estado de derecho, y fomentan la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
Por todo lo anterior, para las naciones democráticas es fundamental que se garantice la participación ciudadana, así como las libertades de asociación, reunión y expresión. Para darnos una idea sobre cómo está México en relación con otros países de América, aquí hay 47,325 OSC registradas en 2023, una por cada 2,700 personas; en Argentina, hay una por cada 1,800; en Costa Rica, una por cada 1,500; en Chile, una por cada 600 personas; y en Estados Unidos, una por cada 215 habitantes, una diferencia de más de 10 a 1, con respecto a nuestro país.
Por otro lado, nuestra capacidad de participar en lo público está cada día más acotada, al restringirse el espacio cívico. El espacio cívico se define como el entorno que propicia que todos podamos participar en lo público, organizarnos y comunicarnos con libertad y sin discriminación.
Según la organización internacional CIVICUS, dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo, el 88% de la población del planeta vive en lugares donde ese espacio ha sido cerrado, reprimido u obstruido. Y, México, según su reporte, se encuentra en un estado en el que se limita la participación ciudadana y el acceso a recursos para las OSC, que no pueden ampliar su ámbito de acción.
La restricción del espacio cívico en México y en otros países de América Latina es propiciada por gobiernos que llegan al poder a través de procesos democráticos y luego se vuelven autocráticos. En nuestro caso, enfrentamos narrativas que deslegitiman el trabajo de la sociedad civil organizada, así como la ausencia de financiamiento público para realizar sus labores.
La promoción y el fortalecimiento del sector social no es una concesión, sino un derecho de la ciudadanía organizada y una obligación de las autoridades, presente en normas nacionales e internacionales, cuando se trata de países democráticos.
En ese sentido, resulta fundamental concebir a las organizaciones de la sociedad civil como actores de interés público, independientes del gobierno, y permitirles ejercer su derecho a la participación generando mecanismos transparentes y no discrecionales de apoyo a su labor.
El cambio, la inclusión y nuestro avance como sociedad nos corresponden a todos, nadie puede pretender adueñarse de la agenda del bien común ni ponerse solo a cargo del cuidado de los sectores más vulnerables. Entre más actores participemos en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población, avanzaremos más y mejor en la construcción de una sociedad más justa. Una sociedad civil participativa y fuerte construye democracia.
Jorge Aguilar Valenzuela
Presidente del Consejo Directivo de Cemefi
