El 26 de septiembre se llevó a cabo en Casa Cemefi, en la Ciudad de México, el evento “Vivienda, Cambio Climático y Alianzas Intersectoriales”, un conversatorio convocado por Build Change, Hábitat para la Humanidad México, Cooperación Comunitaria, el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, A. C. (CENACED) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); con la participación de organismos internacionales, funcionarios de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Como contexto, Fernanda Lonardoni, Representante de ONU Hábitat, presentó datos sobre la problemática global. Dos mil ochocientos billones de personas, más de un tercio de la población mundial no tiene una vivienda segura. Y la crisis no se detiene, cada año el cambio climático daña 14 millones de viviendas, lo que provocó, tan solo en 2024, pérdidas económicas por 320 mil millones de dólares. Y en México, más del 70 por ciento de la población vive en zonas de riesgo. La vivienda resiliente no es opcional, es vital, aseveró.
En la apertura del evento, Ricardo Bucio, Presidente Ejecutivo de Cemefi, hizo énfasis en la necesidad de establecer mecanismos que permitan prevenir de manera colectiva e intersectorial, los efectos negativos de fenómenos naturales. A 40 años de los sismos de 1985, la planeación de la vivienda es crucial, pero tenemos que hacerlo de manera articulada y coordinada, señaló.
Nicolás Mariscal Torroella, Vicepresidente Ejecutivo de Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y consejero de CENACED, aseguró que el acceso a una vivienda digna no solo es un derecho social sino un indicador clave en la medición de la pobreza mundial. Dijo que en México, la CMIC cuenta con 44 cámaras que buscan fomentar la construcción de vivienda, en respuesta a las necesidades que hay en el país. En 2024, más de 10 millones de personas tuvo carencia de vivienda, siendo Chiapas, Estado de México y Veracruz, los estados donde el problema es mucho mayor.
Xavier Moya, Coordinador del Programa de Prevención de Desastres en México en PNUD, exhortó a las organizaciones presentes a recuperar las propuestas y las lecciones aprendidas que dejó el huracán Otis en Guerrero, para lograr la construcción de viviendas resilientes, no solo en Guerrero.
Con la participación de funcionarios de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) , Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, y organizaciones civiles, Build Change, Cooperación Comunitaria y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se llevaron a cabo conversatorios para identificar los principales aspectos que se deben considerar al pensar en el desarrollo de un plan de vivienda resiliente:
Enrique Guevara Ortiz, Director General del Cenapred, señaló que históricamente, el 60 por ciento de la vivienda en México, es autoconstrucción; por lo que es indispensable capacitar a las personas. Para ello, presentó La guía básica para la autoconstrucción de una vivienda segura.
Además, en el 75 por ciento de los municipios del país, no hay un reglamento de construcción. En respuesta, anunció que en los próximos meses se publicará uno modelo, sobre todo para minimizar riesgos ante viento y sismos; que será aplicable en todo el país.
Isadora Hastings García, cofundadora de Cooperación Comunitaria, señaló que la resiliencia en entornos comunitarios implica desaprender que el desarrollo va de la mano con entornos urbanizados. Tras un desastre, lo importante no es reconstruir, sino construir mejor. Asimismo es necesario reconocer y visibilizar las zonas más vulnerables a través de cartografía participativa.
Alejandro Bersain López, Responsable del Portafolio de Proyectos de Daños de la AMIS, señaló que México es uno de los 30 países más expuestos a siniestros por terremotos y huracanes, siendo los hogares los que resultan más afectados por siniestros hidrometeorológicos. Por ello, es indispensable haya una mayor conciencia sobre un aseguramiento integral y apegado a las necesidades de la zona donde se vive, ya que en el país solo el 6% de las personas que cuentan con una vivienda lo aseguran de manera voluntaria, con seguros no asociados a créditos hipotecarios.
Conclusiones
Hay que identificar las tecnologías que permiten una vivienda más resiliente. Hay que encauzar el conocimiento técnico para focalizarlo en las comunidades locales.
Tras un desastre, al brindar ayuda humanitaria, es absolutamente inconveniente llegar a las comunidades con un financiamiento para la reconstrucción sin consultar previamente a la comunidad sobre las prioridades que se deben atender. Asimismo, el recurso que se otorgue debe ser directo a las personas, con base en un diagnóstico participativo.
Es necesario establecer estándares técnicos de construcción en cada estado, que atienda las necesidades particulares de cada territorio y que estos no estén basados en el código y la reglamentación de la Ciudad de México.
Se requiere generar un directorio de organizaciones civiles y sector privado, con datos de qué es lo que pueden aportar o cómo pueden apoyar ante una eventualidad, por regiones.
Antes de que ocurra una emergencia, las organizaciones civiles deben trabajar para construir colaborativamente, espacios de gobernanza en las comunidades que permitan llevar a cabo una mejor reconstrucción y operar eficientemente en caso de eventualidades.
En la labor de reconstrucción, es fundamental establecer criterios de calidad, lo cual requiere planificación y tiempo; es indispensable evitar la construcción rápida de vivienda, que es lo que más suele hacerse en caso de emergencias.
