La Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se promulgó el 9 de febrero de 2004.
Al cumplirse 20 años de la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el 9 de febrero se llevó a cabo en Casa Cemefi, en la Ciudad de México, un Encuentro de Sociedad Civil, para reflexionar el impacto de dicha ley en el desarrollo del sector filantrópico.
En el evento convocado por Iniciativa Manifiesta, participaron académicos, organizaciones de la sociedad civil e integrantes del grupo que desde 1995 impulsó y redactó la ley que reconoció el interés público que tienen las actividades de dichas organizaciones.
Consuelo Castro Salinas, quien desde 1994 colaboró en el grupo promotor y redactor de la Ley de Fomento, señaló como aspectos positivos, que la Ley ha servido como una base para los estímulos fiscales y para la coordinación intergubernamental, “porque antes los funcionarios de la Secretaría de Hacienda no conocían a los de Indesol”; y en esa coordinación, la creación de la Comisión de Fomento ha sido transversal.
Sin embargo, es fundamental los mecanismos para la creación de políticas públicas, y de ello hay carencias. Señaló que por sí misma, la Ley de Fomento no es suficiente para impulsar las actividades de las OSC, “necesitamos que se armonice la Ley de Fomento con otras, como la Ley de Trabajo, para que las condiciones laborales estén homologadas, por ejemplo”; afirmó.
Evaluar la Ley de Fomento y promover algunas reformas no resolvería temas de fondo, “no solo revisemos la Ley, sino otros ordenamientos que se desprenden de ella, como el Reglamento y el Registro Federal de OSC porque ahí están los escollos que hay que arreglar”.
Durante su intervención, Margarita Argott Cisneros, integrante de Convergencia de Organismos Civiles, A.C. y Consejera Propietaria del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento, dijo que una de las limitantes de esta ley es que no es general, lo que no permite tener una aplicabilidad nacional, no queda clara su obligatoriedad y su aplicabilidad queda a sujeta a gobiernos locales.
Además de este aspecto subrayó otras debilidades de la ley que entró en vigor el 10 de febrero de 2004, como una serie de indefiniciones de términos: “sin fines de lucro”, “fomento”, “políticas públicas de fomento”, además de que no explicita el carácter vinculante del gobierno. Tampoco define qué se entiende como apoyo o qué se considera un estímulo en el marco del fomento a las actividades de las OSC.
Como propuestas para caminar hacia un mayor fomento, observó que tendría que haber un reconocimiento de esta figura en el Código Fiscal, pues este solo refiere a las instituciones de asistencia privada, y para el resto solo dice “las otras”. Asimismo, también debería de haber un reconocimiento en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En ese sentido, Rafael Reygadas, de Servicio Desarrollo y Paz A.C.(SEDEPAC), hizo énfasis en que tendría que haber un reconocimiento a la figura jurídica del “no contribuyente del ISR”, pues sería la base para tener una identidad, participar en las iniciativas de Ley y poder incidir en asuntos públicos.
Carlos Zarco Mera, de UnidOSC, también consideró fundamental que existan reglas de operación de los recursos públicos que se otorgan, además de una armonización de la Ley de Fomento con las leyes fiscales y las de cooperación internacional.
Al cierre del evento, Ricardo Bucio Mújica, Presidente Ejecutivo de Cemefi, señaló que al intentar promover una política de estado hacia la sociedad civil organizada hay que pensar en un marco normativo y legislativo que sea habilitante; mejorar la interlocución con autoridades en todos los niveles y pasar del “fomento a actividades de las OSC” al “fomento a las organizaciones”.
Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel subnacional en México 2022
Pablo González Ulloa, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presentó el Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel subnacional en México 2022. Señaló que el instrumento cuenta con 3 dimensiones: legal, institucional, y programático, cuenta con 57 variables y 177 indicadores, con los cuales es posible hacer una comparación de cómo están las actividades de fomento a las OSC en distintas entidades.
Los resultados dejan ver que Jalisco, Quintana Roo, Aguascalientes, Nuevo León y la Ciudad de México son los estados donde más actividades de fomento hubo en el año 2022. Para obtener dicho resultado se ponderaron aspectos como el que hayan modificados sus leyes estatales, sus programas o instituciones. Sin embargo, el promedio general del país en lo que se refiere a acciones de fomento es de 36.71% de 100% posible.
Otro hallazgo es que 27 entidades han promulgado leyes de fomento a las OSC, pero solo 13 tienen reglamentos; lo que significa que promulgar nuevas leyes no garantiza su diseño adecuado.
Ulloa recomendó a las OSC buscar ser incluidas en los planes estatales de desarrollo, pues “ es crucial y aunque no garantiza su apoyo automático, al menos las organizaciones tienen la oportunidad de acercarse a las autoridades a demandar el estímulo”.
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